Resumen: El recurso se plantea contra el auto de la Audiencia Provincial que desestimó el recurso de súplica formulado contra el auto por el que se acordó la competencia para el conocimiento y enjuiciamiento de las actuaciones al Juzgado de lo penal. Recuerda que la figura agravada que en el momento de la comisión de los hechos estaba regulada en el art. 250.6º del CP, es la que hoy la ley prevé para este tipo de conductas en el art. 250.5º, circunstancia que solo se da cuando concurra el dato objetivo de que el valor de la defraudación supere los 50.000 euros. Se avala el argumento del auto de la Audiencia de que la aplicación de la ley más favorable impone, frente a los criterios jurisprudenciales existentes en el momento de la comisión de los hechos -se situaba la agravación por la cuantía en seis millones de pesetas-, la necesaria referencia a la norma vigente en el momento del enjuiciamiento de los mismos por ser más favorable para el acusado, pues ha cifrado en 50.000 euros el límite mínimo para poder apreciar la agravante pretendida por la acusación particular. La Audiencia no está revisando la calificación realizada por la acusación particular, llevando a cabo una especie de absolución en la instancia, sino que se ha limitado, vista la acusación formulada, a considerar, acertadamente, que, por la pena señalada al delito, la competencia para su enjuiciamiento le corresponde al Juzgado de lo Penal dado que la agravación por la cuantía está en 50.000 euros.
Resumen: La necesidad de razonar la certeza incriminatoria a que haya llegado el Tribunal es una consecuencia no sólo del deber de motivación sino del derecho a la presunción de inocencia. No existiendo en la parte acusadora el derecho a que se declare la culpabilidad del acusado, su pretensión encuentra respuesta suficientemente razonada si el Tribunal se limita a decir que no considera probado que el acusado participase en el hecho que se relata, porque esto sólo significa que la duda inicial no ha sido sustituida por la necesaria certeza. Y es claro que basta la subsistencia de la duda para que no sea posible la emisión de un juicio de culpabilidad y sea forzosa, en consecuencia, la absolución". Este criterio debe ponerse en relación con otro no menos importante. No toda deficiencia en la motivación da lugar a la lesión del derecho a la tutela judicial efectiva. La sentencia de instancia absolvió a los acusados razonando con suficiencia su decisión, al hacer referencia a las insuficiencias de la prueba documental que servía de soporte para cuestionar el pronunciamiento de la sentencia civil y haciendo también alusión a la inexistencia de engaño por considerar que no había prueba acreditativa de que el acusado ocultara al tribunal civil ese documento y de esa forma y mediante engaño obtuviera un allanamiento de la parte contraria que, de otro modo, no se hubiera producido.
Resumen: Incautaciones de hachís en varias operaciones. Intervenciones telefónicas realizadas con todas las garantías, cumpliendo los requisitos para la validez de la medida de intervención telefónica. Delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas de las que no causan daño a la salud pública, en cantidad de notoria importancia. Inexistencia de delito de descubrimiento y revelación de secretos, al no haberse facilitado dato confidencial alguno, pues no consta acreditado que las revelaciones obtenidas de una base de datos conllevase perjuicio alguno ni que pusiera en peligro investigaciones policiales. Los hechos no constituyen delito de pertenencia a grupo crimina al no estar acreditada a mínima estabilidad y concierto previo. Tampoco constituyen un delito de blanqueo de capitales: ingresos en cuenta corriente sin que conste conocer la procedencia ilícita del dinero. Agravante de condición de funcionario público en alguno de los acusados. Atenuante de dilaciones indebidas como simple. N concurrencia de atenuante de confesión.
Resumen: Solicitud de extradición para cumplimiento de condena impuesta por hechos calificables como delito de robo con violencia. El hecho de que la condena no sea firme no es causa ni facultativa ni imperativa para la denegación de la extradición. No puede considerarse prescrita la pena ni el delito.
Resumen: Solicitud de extradición para enjuiciamiento de hechos calificables como delito contra la salud pública. La culpabilidad o inocencia del reclamado no puede ser sometidos a análisis por parte del Tribunal de la extradición. No puede analizarse por el Tribunal de la extradición la validez de las pruebas de la comisión de los hechos. No está acreditada la integración en nuestro país del reclamado para condicionar la entrega al cumplimiento de la pena en España.
Resumen: CONTRA LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EXTRANJEROS: acceso irregular a territorio español en una embarcación que varó en una playa y cuyos tripulantes fueron rescatados. CONTENIDO DEL DELITO: no se sanciona la entrada irregular, que es una cuestión administrativa, sino la ayuda intencionada a personas ajenas a la Unión Europea para que transiten o se instalen en España, impidiendo el control de los flujos migratorios. TESTIFICAL PRECONSTITUIDA: la incorporación de las testificales de los testigos protegidos no fue objetada por las partes y fse practicó con arreglo a las normas procesales para su posterior validez en instrucción. El anonimato limita las posibilidades de defensa al no poder calibrar su imparcialidad, fiabilidad y credibilidad. Dicha testifical carece de corroboración, no se ha grabado e introduce más interrogantes sobre el desarrollo de los hechos.
Resumen: Falsedad en un documento oficial que se encuentra en un soporte material totalmente falso, concretamente de un permiso de conducir colombiano, en el que tanto la fotografía como todas las circunstancias y datos de identidad que se plasman en el mismo son verdaderas. La falsedad del soporte material del documento no incide en la veracidad de los datos e información que éste incorpora. Se trata de una falsedad meramente formal sin trascendencia para el tráfico jurídico.
Resumen: Es un recurso excepcional, al tener por objeto la revocación de sentencias firmes y atentar por ello al principio de cosa juzgada, e implica la inculpabilidad de aquellas personas que han sido condenadas con notoria equivocación o error. Su finalidad está encaminada a que prevalezca sobre la sentencia firme la auténtica verdad y, con ella, la justicia material sobre la formal. Uno de los supuestos en los que procede la revisión de una sentencia firme se produce "cuando sobre el mismo hecho y encausado hayan recaído dos sentencias firmes". La razón de esta previsión legal se encuentra la vigencia del principio non bis in idem, que impide un doble enjuiciamiento por un mismo hecho. En casos de doble enjuiciamiento de la misma persona por el mismo hecho, debe darse prevalencia a la primera sentencia y declarar la nulidad e invalidez de la segunda, pues los efectos de la cosa juzgada material de las sentencias firmes impiden que los hechos puedan volver a ser juzgados.
Resumen: Comiso: aunque no esté incluido en el catálogo de las penas contenidas en el art. 33 CP, constituye una sanción sometida a los principios de culpabilidad, proporcionalidad, pertinencia y legalidad. Implica que tal medida ha de ser solicitada por el Ministerio Fiscal o partes acusadoras. Bienes objeto de comiso: 1) Efectos del delito; todo objeto o bien que se encuentre, mediata o inmediatamente en poder del delincuente como consecuencia de la infracción, aunque sea el objeto de la sanción típica (dinero, drogas, armas, etc). 2) Instrumentos del delito; los últiles y medios utilizados en la ejecución del delito. 3) Las ganancias incluyen todo provecho económico obtenido directa e indirectamente de la infracción. Respecto al origen ilícito de los bienes a efectos del decomiso, puede quedar acreditada mediante prueba indirecta o indiciaria y de demostración del origen criminal -presupuesto imprescindible para decretar el comiso- no requiere la identificación de las concretas operaciones delictivas, bastando que quede suficientemente probada la actividad delictiva de modo genérico. Individualización de la pena; corresponde al tribunal de instancia, la cantidad de la pena sólo puede ser planteada en casación cuando haya recurrido a fines de la pena inadmisibles, haya tenido en consideración factores de la individualización incorrectos o hay establecido una pena arbitraria. Intervención telefónica, presupuestos para su adopción. Control casacional de la valoración de la prueba.
Resumen: Se recurre una sentencia procedente de una Audiencia Provincial, que resuelve un previo recurso de apelación. Se recuerda el alcance del recurso de casación en estos casos: (i) solo podrán ser recurridas en casación por el motivo de infracción de ley previsto en el número primero del art. 849 de la L.E.Crim, debiendo ser inadmitidos los recursos de casación que se formulen por los arts. 849 2°, 850, 851 y 852, (ii) los recursos deberán respetar los hechos probados, debiendo ser inadmitidos los que no los respeten, o efectúen alegaciones en notoria contradicción con ellos pretendiendo reproducir el debate probatorio, y (iii) los recursos deben tener interés casacional. El recurso de casación se desestima. El motivo primero, por plantear cuestiones de naturaleza probatoria. Se desestiman los motivos que plantean cuestiones de naturaleza probatoria. Se desestima también el motivo que se plantea por infracción de ley. En la marihuana se considera notoria importancia cuando la acción delictiva se proyecte sobre al menos 500 dosis de consumo medio diario de un adicto ordinario de la sustancia. Se considera notoria importancia 10 kilogramos de sustancia de marihuana, con independencia del porcentaje de tetrahidrocannabinol que presente.
